LAS COSAS CLARAS

CONJETURAS

            Han transcurrido ya casi 10 días, desde que apareció el cadáver del asturiano Sergio Muñiz Brioso, acribillado a balazos por sus secuestradores en el municipio de Corinto, en Colombia.

         La información de los medios de comunicación, sobre este luctuoso suceso, no puede ser mas parca. Incluso la prensa –ABC de Sevilla de 24/8/13-  se cuestiona únicamente el motivo de la estancia en Colombia de este joven de 28 años, cuando lo que en verdad interesa es la causa de su asesinato.

         ¿Por qué ha sido asesinado Sergio?

         Cualquier explicación que se pretenda dar., tendría un porcentaje de fiabilidad discutible, ante la escasa información recibida, pero si se parte de la base de un secuestro, las conjeturas se reducen ostensiblemente.

         Un secuestro es un acto criminal que fundamentalmente responde a dos causas: la política o la económica. Descartando el móvil político, resta sólo el secuestro por dinero. Modalidad en la que el Gobierno español cuenta con relevantes experiencias.

        

         Cuando una banda de criminales secuestra a una o varias personas para exigir dinero por su libertad, únicamente existen dos salidas: O se paga o se asesina a los rehenes. No hay solución intermedia.

         Se podrá negociar el “quantum” de lo exigido; se podrá conseguir dilatar el plazo previsto para el pago; incluso la forma y las garantías del mismo, pero al final o pagas o el secuestrado perderá la vida inexorablemente. De lo contrario, los asesinos tendrían que montar otro “negocio”.

         Partiendo de las consideraciones expuestas, resulta, al menos inquietante, la ausencia de información sobre los secuestradores; la cantidad exigida; el organismo o las personas contactadas por los secuestradores; la existencia o no de negociación; los términos de la misma, si la hubo; etc, etc, etc, 

         Resulta razonable que el Gobierno, al pagar el rescate exigido, oculte la información sobre la cuantía del mismo, pues lo verdaderamente importante es que el rehén recupere la libertad. Así ha ocurrido en ocasiones como el rescate de miembros de ONGs secuestrados en Africa o ciudadanos de relevancia por su parentesco con autoridades o políticos conocidos, que también fueron liberados recientemente al cumplir el Gobierno con las exigencias de la banda criminal. Ello, no obstante, el denominador común es que el Gobierno no ha pagado cantidad alguna, aunque nadie se lo cree.

         En el presente caso, Sergio Muñiz Brioso –que en paz descanse-, es posible que no reuniera “las condiciones mínimas” para que el ente negociador resolviera positivamente su secuestro. Acaso, si hubiera estado vinculado a la clase política, a alguna ONG catalana o a familia de alta alcurnia, Sergio podría estar hoy brindando su libertad con sidriña.

         Si la conjetura que me he planteado para explicar el asesinato

de Sergio fuera cierta, ninguna razón asistiría “a quien corresponda” para causar la muerte cruel de un español, por no pagar un rescate con el dinero de todos. CLara.

CATASTRO CATASTRÓFICO

       

Eran cerca de las doce de la mañana y el bar parecía una caseta de la Feria de Sevilla. Grupos de personas que superaban la cuarentena en edad y en número, charlaban animadamente en grupos distribuidos en varias mesas o pegados a la barra del bar. Al parecer todos se conocían, y el ambiente y animación  existentes, se contraponía a la larga fila de contribuyentes que, pacientes y cabizbajos, esperaban su turno en el pasillo de acceso, para ser atendidos en la dependencia de la planta -1 de la Delegación de Hacienda de Málaga.

        El bar estaba a rebozar. Era un auténtico “meeting point” para los funcionarios que, estresados por la ingrata labor que desempeñan, necesitaban un “respiro secuencial”.

        Fue una casualidad, motivada por una incontinencia urinaria la que me llevó a descubrir el “departamento” mas importante y acaso el mas eficaz de tan emblemático edificio: el Bar. La culpa la tuvo el recóndito lugar donde, en la planta -1, se puede evacuar un mismo trámite con discriminación sexual.

        Se acercaba la hora que tenía para una consulta en la dependencia del Catastro, en planta 2ª del Edificio, y la larga espera con que la cita previa me regaló, me permitió observar el trasiego de funcionarios que debían atender al grupo de personas que, sin cita previa, esperaban su turno de atención al contribuyente.  En 45 minutos, aproximadamente, fueron un mínimo de 7 despachos los que instalaron las XXX rojas en sus visores, anunciando un lapsus de tiempo, para reanudar las funciones de información a los contribuyentes que, confortablemente sentados leían o jugaban con el móvil, hasta oir la señal que indicaba el número y despacho que les atendería.

        Al llegar la hora de atender a un cliente con cita previa – sólo dos funcionarios estaban destinados  a ello- se planteó la discusión de cual debía entrar, de los dos que tenían la misma hora. Pudo haber un error al anotar la hora, pero ese mismo problema se planteó de nuevo en la siguiente llamada, teniendo que decidirse si sería yo o un matrimonio que también tenia la misma hora. Ante esta insólita situación, el funcionario, amablemente, me confirmó que era práctica habitual, sin darme explicación sobre los motivos de tan reprochable uso. Según él, debíamos ponernos de acuerdo entre ambos, para decidir quien sería atendido primero. Tras pensar proponerle jugarnos el pase a los “chinos”, le cedí la vez al matrimonio. El sistema de turno duplicando la hora es insólito, pero es mejor que el establecido por el Hospital Xanit cuyo código alfanumérico te impide saber cuando te tocará o el de los Juzgados que citan a todos para juicio a las 10 a.m.

        Lo peor, sin embargo, estuvo relacionado con la consulta evacuada al funcionario que me atendió. Milagrosamente la cita no se frustró, cuando tras enviarme a un municipio colindante, consultó por teléfono a mi instancia y le confirmaron que el expediente estaba en su Departamento. Pasado el susto, y planteado el problema sobre la ausencia de Resolución, a unas Alegaciones planteadas contra el valor catastral dado a un inmueble, las respuestas de la funcionaria, que omitiré prudentemente, me llevaron a la conclusión de que había errado en la elección de mi carrera universitaria, en vez de Derecho debí elegir Medicina o cualquier otra.

        La conclusión tras la visita al Catastro, me confirma la ausencia de responsabilidad de los funcionarios cuando yerran, y que trae causa directa de  la impunidad con la que actúa la Administración, cuando con sus resoluciones o su actuación negligente, causa un grave perjuicio al contribuyente. CLara.

"Las Cosas Claras"

"Las Cosas Claras"

LAS MALAS PRACTICAS.

Las Tarjetas.

         En la actualidad, parece imposible prescindir del uso de las tarjetas en las múltiples aplicaciones de nuestra actividad diaria. Usamos tarjetas para casi todo y por supuesto, tenemos más tarjetas de las que usamos.

         Estos rectángulos plastificados, facilitan, sin duda, las operaciones cotidianas que llevamos a cabo. Así pagamos la gasolina con tarjetas para que nos bonifiquen su importe;  los comercios nos ofrecen facilidades o ventajas por pagar nuestras compras con determinadas tarjetas; incluso en la peluquería, si eres titular de su tarjeta, tendrás un corte de cabello gratis cada 12 servicios. Todo son ventajas y la contraprestación que recibimos es el premio a nuestra fidelidad como clientes.

         Pero también las tarjetas tienen su lado oscuro, cuando por la facilidad de su uso, no percibimos que estamos adquiriendo bienes o servicios, sin contar con el respaldo económico suficiente. Entonces, aparecen los números rojos en las cuentas bancarias, con los correspondientes cargos por comisiones e intereses.

         Acaso, la degradación más sutil la podamos percibir en el uso de las “tarjetas expedidas por Compañías para prestaciones sanitarias. La constitución de sociedades como Sanitas, Adeslas, y algunas otras, ha modificado “el modus operandi” de las prestaciones médicas, y especialmente de las Clinicas privadas.

         Al margen de las ventajas que un médico pueda recibir por el hecho de estar adscrito a los servicios prestados por alguna de las compañías citadas, -que se podrían resumir en la atención de un mayor número de pacientes- es evidente, que la contraprestación que recibe es bastante inferior al valor económico de su servicio profesional. Ello trae como resultado, la cita para una nueva consulta días mas tarde, junto con los correspondientes análisis de sangre, orina, radiografías, tomografías, resonancias, etc.etc.. Así se garantiza, como mínimo, un nuevo pago con tarjeta, y se favorece al colectivo médico. En todo caso, esto no supone ningún perjuicio para el paciente que recibe unas atenciones médicas supletorias que no afectan a su economia.

         Pero las malas prácticas se hacen patentes cuando se acude a las Clínicas privadas, adscritas a las Compañías con tarjetas. Me consta un suceso acaecido, no ha mucho tiempo.

         Un paciente acudió a un Dermatólogo que le diagnosticó un quiste sebáceo, de tamaño algo inferior a un garbanzo, en el omoplato derecho. Unos días después, el mismo Doctor se los extrajo en un Hospital Público en 10 minutos. Meses mas tarde, al aparecer un quiste similar en un lugar próximo al extraído, acudió a un Hospital Privado, donde el Dermatólogo que lo atendió le dio cita para que se operara. Pasados unos días, el paciente recibió una llamada telefónica, advirtiéndole de la necesidad de acudir a una consulta con el Anestesista,  otra con el Analista para que evalúe el análisis de sangre que le ha de aportar y finalmente con el Cirujano que le va a intervenir. Naturalmente el paciente desistió de la operación, ante la pérdida de tiempo que la profusión de trámites le imponía el Hospital Privado, y, posiblemente con el interés económico –en cierta medida justificado- de castigar a la Compañía del Seguro sanitaria, por la escasa rentabilidad del servicio satisfecho.

         En mi poder he contado hasta 43 tarjetas de distinta índole, sólo me falta, una de color morado tirando a negro, emitida por la Funeraria El Mort al Sot (El Muerto al Hoyo), que concede un incineración gratis por cada 44 fallecimientos. Catalana tenía que ser. R.I.P.  

LAS MALAS PRACTICAS.

Las Tarjetas.

         En la actualidad, parece imposible prescindir del uso de las tarjetas en las múltiples aplicaciones de nuestra actividad diaria. Usamos tarjetas para casi todo y por supuesto, tenemos más tarjetas de las que usamos.

         Estos rectángulos plastificados, facilitan, sin duda, las operaciones cotidianas que llevamos a cabo. Así pagamos la gasolina con tarjetas para que nos bonifiquen su importe;  los comercios nos ofrecen facilidades o ventajas por pagar nuestras compras con determinadas tarjetas; incluso en la peluquería, si eres titular de su tarjeta, tendrás un corte de cabello gratis cada 12 servicios. Todo son ventajas y la contraprestación que recibimos es el premio a nuestra fidelidad como clientes.

         Pero también las tarjetas tienen su lado oscuro, cuando por la facilidad de su uso, no percibimos que estamos adquiriendo bienes o servicios, sin contar con el respaldo económico suficiente. Entonces, aparecen los números rojos en las cuentas bancarias, con los correspondientes cargos por comisiones e intereses.

         Acaso, la degradación más sutil la podamos percibir en el uso de las “tarjetas expedidas por Compañías para prestaciones sanitarias. La constitución de sociedades como Sanitas, Adeslas, y algunas otras, ha modificado “el modus operandi” de las prestaciones médicas, y especialmente de las Clinicas privadas.

         Al margen de las ventajas que un médico pueda recibir por el hecho de estar adscrito a los servicios prestados por alguna de las compañías citadas, -que se podrían resumir en la atención de un mayor número de pacientes- es evidente, que la contraprestación que recibe es bastante inferior al valor económico de su servicio profesional. Ello trae como resultado, la cita para una nueva consulta días mas tarde, junto con los correspondientes análisis de sangre, orina, radiografías, tomografías, resonancias, etc.etc.. Así se garantiza, como mínimo, un nuevo pago con tarjeta, y se favorece al colectivo médico. En todo caso, esto no supone ningún perjuicio para el paciente que recibe unas atenciones médicas supletorias que no afectan a su economia.

         Pero las malas prácticas se hacen patentes cuando se acude a las Clínicas privadas, adscritas a las Compañías con tarjetas. Me consta un suceso acaecido, no ha mucho tiempo.

         Un paciente acudió a un Dermatólogo que le diagnosticó un quiste sebáceo, de tamaño algo inferior a un garbanzo, en el omoplato derecho. Unos días después, el mismo Doctor se los extrajo en un Hospital Público en 10 minutos. Meses mas tarde, al aparecer un quiste similar en un lugar próximo al extraído, acudió a un Hospital Privado, donde el Dermatólogo que lo atendió le dio cita para que se operara. Pasados unos días, el paciente recibió una llamada telefónica, advirtiéndole de la necesidad de acudir a una consulta con el Anestesista,  otra con el Analista para que evalúe el análisis de sangre que le ha de aportar y finalmente con el Cirujano que le va a intervenir. Naturalmente el paciente desistió de la operación, ante la pérdida de tiempo que la profusión de trámites le imponía el Hospital Privado, y, posiblemente con el interés económico –en cierta medida justificado- de castigar a la Compañía del Seguro sanitaria, por la escasa rentabilidad del servicio satisfecho.

         En mi poder he contado hasta 43 tarjetas de distinta índole, sólo me falta, una de color morado tirando a negro, emitida por la Funeraria El Mort al Sot (El Muerto al Hoyo), que concede un incineración gratis por cada 44 fallecimientos. Catalana tenía que ser. R.I.P.  

Las Compañías de Seguros

            Resultaría fácil emitir un juicio imparcial sobre las actividades de las compañías aseguradoras, de no haber sido el punto de mira de múltiples y variadas estafas en sus relaciones comerciales con algunos clientes desaprensivos. Hemos escuchado en muchas ocasiones, como el Tomador del Seguro, provoca la incidencia del riesgo asegurado, para conseguir sustanciosas ventajas económicas por vía de la indemnización pactada. Estos casos son ciertos y delictivos. Pero también son ciertos y mucho mas numerosos, los supuestos en los que la Compañía Aseguradora,  cuando ha de indemnizar al Cliente por haberse producido el riesgo asegurado, demora hasta extremos increíbles el pago de la indemnización a la que viene obligada contractualmente.

         Esta práctica habitual la inicia la Aseguradora, ignorando la reclamación formulada por el asegurado, para tras su reiterada insistencia, comunicar que enviará un Perito, a cuya tardanza le sigue la ocultación al cliente del Informe emitido, para terminar dejando transcurrir el tiempo. En evidente perjuicio del Asegurado. Comienza entonces una segunda fase que se inicia con la demanda en reclamación de cantidad que el Abogado del Cliente, interpone frente a la Entidad Aseguradora, y que tras las dilaciones de la Jurisdicción para la tramitación del procedimiento, finaliza, habitualmente, con una “oferta económica” de la Compañía, que el Cliente, ponderando la incertidumbre de la decisión judicial, termina por aceptar, no obstante haber reducido, aproximadamente, al 50% el importe de su justa reclamación, y haber tenido que pagar los honorarios de su representante y defensor legal.

         Esta práctica malévola, tiene como única justificación, en mi opinión, el beneficio económico que obtiene, no sólo con la retención en el tiempo del importe que tendría que pagar, sino por la reducción que, al final del “proceso” consigue por el cansancio y hartura del Asegurado. Y no creo que este sistema vaya a cambiar en el futuro, a no ser que se penalizara a las Compañías Aseguradoras, a través de la Legislación o de la Jurisprudencia, en cuantía suficiente para compensar al Asegurado que desista de esa negociación fraudulenta.

         El otro gran negocio de las Compañías Aseguradoras son los llamados Seguros de Vida, (también podrían denominarse Seguros de Muerte). Como requisito previo, se exige la necesidad de garantizar un préstamo bancario, mediante un Seguro de Vida contratado, evidentemente con una Compañía perteneciente, participada, o en connivencia con el Banco prestamista.

         El “truco” es muy sencillo. En caso de fallecimiento del deudor del préstamo y Tomador del Seguro, el beneficiario de la indemnización que el Seguro ha de pagar es el Banco y no los herederos del fallecido. Así aparece siempre en la Póliza suscrita. Por lo tanto es el Banco quien tiene la opción de ejecutar el préstamo con cargo a los herederos del fallecido que han de pagar la cantidad pendiente de amortizar o subrogarse en el importe que resta, suscribiendo una nueva póliza de Seguro de Vida, o amortiza la cantidad pendiente del préstamo con cargo a la indemnización que el Seguro ha de satisfacer, al haberse producido el riesgo asegurado, es decir el fallecimiento del prestatario, dejando liberado a los herederos de la cantidad pendiente y cancelando la hipoteca.

         Pero sería absurdo pensar, que el Banco va a exigir el pago a “su Compañía de Seguros”, cuando tiene la oportunidad de castigar impunemente a los herederos del fallecido, haciéndoles responsables del pago pendiente del préstamo, y además con la propina de otro posible seguro de vida, con lo que duplicaría su negocio.

         Esta situación de impunidad viene hoy restringida por la obligatoriedad de exigirse del Registro correspondiente, certificación de la existencia de seguros de vida en caso de fallecimiento – al igual que ocurre con las últimas voluntades-. Al menos ahora, los herederos se enteran de que el fallecido había contratado un Seguro de Vida, pues antes, tanto el Banco como su Compañía aseguradora, ocultaban su existencia. Sólo falta que se dicte una Norma que obligue al Banco a reclamar a la Compañía de Seguros, y no a los herederos, el pago del importe pendiente del préstamo. Pero ésta medida, está prevista para el Otoño del 2033. Creo.

  

La Justicia en España

      Es muy difícil que el Legislador se anticipe a los acontecimientos y regule situaciones que aún no se han producido. Primero son los hechos y después su regulación. Sentadas estas premisas, será  la Judicatura la que aplicará la Ley cuando se infrinjan sus preceptos. A esto se le llama hacer justicia.

      Sin embargo, hacer justicia es algo mas, y requiere que se aplique en tiempo y se garantice lo que en nuestra Constitución aparece como, tutela judicial efectiva, aparte de dejar una ventana abierta a la interpretación de la Ley, que permitiera excepcionalmente hacer justicia sin aplicar la Ley.

      Una cosa es la legalidad y otra la Justicia. A veces, ambas no coinciden.

      El sistema judicial español es un desastre por múltiples motivos, cuyo análisis  sería prolijo, pero al menos, hay que denunciar dos de ellos, que, en mi opinión, son fundamentales para la existencia de un Estado de Derecho.

      En primer lugar, la escasez de medios con que cuenta la Jurisdicción.

       Las consecuencias del déficit de juzgados; jueces; secretarios y funcionarios, motiva una sobrecarga de trabajo que, si bien al principio es asumida, termina por degenerar en una dejación paulatina, como mínimo, del excedente de obligaciones que le han sido adjudicadas. Aparece entonces en el subconsciente, la frase: yo no tengo por qué, hacerme cargo de mas asuntos de los que me corresponden; dedicar mas tiempo del que me pagan; esmerarme en el estudio de un asunto que, indefectiblemente se va a deteriorar por el excesivo transcurso del tiempo para su solución;  aplicar el tiempo que dediqué a las oposiciones en enseñar al interino de turno, etc, etc,. La degradación de la función judicial, trae consigo efectos no deseados, como el continuo trasvase de personal, generalmente los mas competentes, que ven frustrados los ideales que le motivaron a opositar.

      Esta situación, al borde del caos, si no se adoptan medidas contundentes, -para evitar que proliferen alternativas no deseadas, al margen de la legalidad-, exige una urgente restructuración del sistema judicial, incapaz de atender, no sólo la cantidad de asuntos judiciales, sino la calidad de los mismos, expresados en nuevas figuras delictivas y mercantiles no contempladas por la vigente legislación.

      El segundo motivo del desastre judicial español, subsidiario del anterior, deriva de las medidas correctoras aplicadas a la Jurisdicción por el Gobierno, pretendiendo conseguir con ellas una Justicia eficaz. La tutela judicial efectiva, derecho constitucional que todo ciudadano tiene, se ha visto mermada en gran parte, cuando se elimina la opción de recurrir una Sentencia dictada en primera instancia, en función de su cuantía, dejando al ciudadano indefenso contra cualquier arbitrariedad judicial, que las hay. El artículo 14 de la Constitución no discrimina al español en razón a sus recursos económicos sino que exige la igualdad de todos ante la Ley, y menos aún el artículo 24 que también exige la ausencia de indefensión, cuando se acuda a los tribunales para ejercer los derechos e intereses legítimos de cualquier persona, sin  requerir que sea español.

      Si a estas graves limitaciones, añadimos los depósitos y tasas judiciales obligatorias para formular determinados recursos, se estará proyectando una justicia para “pudientes” a la que no tendrán acceso los “faltantes”. Y la guinda que culmina el pastel, es la práctica inaccesibilidad de que se admita un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. El sistema, no por ser sofisticado, deja de ser una chapuza. El Tribunal Supremo exige que para que sea admitido un Recurso de Casación, que la cuantía supere los 600.000€; que haya existido un grave quebrantamiento de las normas procesales, o que exista un interés casacional que es el caso mas frecuente. Pues bien para que el Tribunal Supremo admita un Recurso basado en el interés casacional, además de unos requisitos objetivos, ha de darse un interés cuya determinación depende exclusivamente del propio Tribunal, a través del informe que facilita el Abogado del Estado adscrito al mismo. Evidentemente, el Informe en más del 95% de los casos (sin exagerar) es negativo. Así que el Tribunal Supremo se ha tomado unas largas vacaciones para resolver los ingentes recursos admitidos antes de aplicarse la actual normativa. Se supone que a partir del año 2025, se normalizarán las admisiones de Recursos que, lógicamente, dada la edad de los Magistrados, resolverán otros.

      En todo caso, estas graves deficiencias afectan principalmente al ámbito civil, a temas económicos que repercuten en los ciudadanos. El ámbito penal es diferente. España puede presumir de tener la legislación y las instituciones penitenciarias mas permisivas. En ocasiones pienso que habrá españoles o foráneos que ante la falta de recursos, se dediquen al robo y al pillaje, con la esperanza de ser detenidos, y con suerte, ingresados en prisión, donde disfrutaran de gratuidad en todos los servicios, incluyendo sexo duro y droga. El inconveniente que tendrán que asumir, es la posibilidad de que su Abogado solicite el “indulto” y, como termina el célebre romance del Prisionero:  Dele Dios “mal gallardon”.

LAS COSAS CLARAS

EL PROTAGONISMO

            Una de las cualidades que deben adornar al lider, en cualquier oficio o profesión, es la de ser protagonista. El liderazgo sin protagonismo no es concebible, pero conviene precisar que el protagonismo es una consecuencia, un efecto del ejercicio del liderazgo. Nunca debe ser un presupuesto. Cuando esto ocurre, la cualidad se convierte en defecto y la virtud en vicio.

            El protagonismo le viene concedido al Lider por los demás, cuando le reconocen sus conocimientos, sus iniciativas y su predisposición para asumir responsabilidades. Por el contrario, quien tiene “afán de protagonismo”, quien busca ser protagonista con sus acciones, no puede llegar nunca a ser auténtico lider, y muy probablemente, sus iniciativas carentes de verdadero contenido, no perseguirán otra cosa que hacer recaer sobre él la atención de los demás. Pero no pasará mucho tiempo para que aquellos que se vieron deslumbrados por el pseudo-lider  se den cuenta del “fiasco”.

            Cuando en una Organización, sea pública o privada aparece un Pseudo-lider, para el que prima por encima de todo su afán de protagonismo, se subvierten los valores y la ostentación sustituye a la eficacia. Por ello, no es recomendable buscar protagonismo, sino que el protagonismo le busque a uno.

            Expuesto lo anterior, tendríamos que examinar a nuestros lideres o pseudos-lideres, a la luz de dos conceptos, no por similares en su grafía, menos distantes en su contenido. Me refiero a la Aptitud y la Actitud.

            Al lider se le reconoce por su aptitud, conocimiento, capacidad y competencia para conseguir el objetivo propuesto, mientras que el protagonista o pseudos-lider, es reconocido por su actitud para figurar, publicitarse y manipular, con el único fin de que le reconozcan como lider en el ámbito en que desarrolla su “incompetencia”. No creo que sea necesario exponer casos concretos de pseudo-lideres que han conseguido el reconocimiento de protagonista por sus actitudes y no por sus aptitudes. La dificultad para reconocer, cuando estamos en presencia de un lider o de un pseudos-lider, se tiene que deducir de sus respectivos comportamientos frente a terceros:

            El lider actúa con mesura y no con prepotencia; delega competencias y no las acumula en su persona; se exhibe lo necesario y no en demasía; admite sugerencias y reconoce errores, no pontifica y se irroga infabilidad; no trasmite superioridad aunque los demás se la reconozcan, mientras que el pseudos-lider ha de aparentar continuamente a los demás que es un ser superior.

            También se reconoce al lider por su transparencia en la toma de decisiones, mientras el pseudos-lider, en muchos casos, las elude y oculta cuando de su motivación se podría deducir una censura a su actitud.

            Pero la diferencia mas significativa entre ambos tiene un componente finalista. Mientras que el lider, cumplido su objetivo o demostrado la imposibilidad de su cumplimiento, cesa en el ejercicio de su función, el pseudos-lider tiende a continuar sin límite de tiempo alguno, ya que ésta es su misión: la permanencia. 

Toda esta disquisición entre el Lider -del inglés Led=Conducir- y el Protagonista  -del griego Protos=Primero y Agonistes=Actor-, tiene su relevancia práctica en la actividad política, llegándose a crear por el Protagonista un organigrama paralelo al oficial, que le permita a veces disfrazar su incompetencia y otras derivar responsabilidades.

            De aquí que en nuestras altas instituciones, encontremos un sinfín de Asesores del Político de turno, cuya misión consiste en dar soluciones favorables a quien le paga, sobre cualquier problema que sometan a su estudio, obviando siempre que pueden, el ortodoxo informe del Órgano de la Administración  o del Funcionario competente.

      Esta abusiva práctica se ha extendido, no sólo en el ámbito interno de las Instituciones a todos los niveles, - hasta el punto que funcionarios de carrera, como v.gr. los Secretarios de Ayuntamientos, se han visto suplantados por otros Pseudos-Secretarios, proclives a su Valedor -, sino que ha trascendido a Organismos externos que son controlados por el Politico a través de personal de su confianza, ignorando al profesional de turno.          Ejemplos palmarios encontramos en los medios de comunicación: Prensa, Radio y Televisión, cuyo control oficioso está, en muchos casos, en manos de los Pseudo-lideres.

      Pero como pasa siempre, al final hay que determinar el coste económico que estas prácticas tienen para el contribuyente, pues sus retribuciones sean transparentes o  sobre-ocultadas, repercuten en los impuestos que pagamos, sean municipales, autonómicos o estatales,

            A titulo de ejemplo, se podría considerar que de los 1.246 garbanzos de Fuentesaúco, que contiene un kilo mal “despachao”, 42 garbanzos, es decir, 7 cucharadas, se las comen a nuestra costa el grupo de “enchufaos” al servicio de los políticos. Que les aproveche.

Las Malas Prácticas: LA BANCA II

         Se podrían escribir varios tomos sobre las actividades espurias de la Banca, todas ellas con un denominador común: el dinero. Y no es que tal finalidad sea reprochable “per se”. Ganar dinero, a veces es necesario y siempre conveniente.

         Cuestión distinta es el procedimiento que se siga para obtener la ganancia y el fin al que se destine.

         Una visión retrospectiva de la institución bancaria hace 50 años y la evolución que ha tenido hasta el día de hoy, nos permite afirmar que la relación contractual entre banco y cliente se ha venido deteriorando paulatinamente en perjuicio de este último.

         Así, observamos como las competencias de los directores de las sucursales bancarias han disminuido; las relaciones personales entre las bancarios y sus clientes se han deteriorado debido a la movilidad frecuente de aquellos a otros centros de trabajo, lo que ha derivado en una necesidad de “consultas” a la superioridad, para resolver pequeños problemas, que por la dilación en el tiempo, a veces resultan ineficaces. Si a ello le añadimos la constante vulneración por parte de la Banca, de las condiciones del contrato suscrito con el cliente, las consecuencias son la ruptura de la relación de igualdad entre las partes, derivando en una subordinación, que cada día se hace mas patente.

         Entre los muchos ejemplos que avalan lo dicho, podemos citar: las limitaciones horarias impuestas para llevar a cabo operaciones con nuestro propio dinero o en nuestra propia cuenta;  la reducción de personal para atender la Caja única, que origina colas de clientes, en detrimento de su tiempo;  la imposibilidad de obtener una cantidad superior a 3.000 € -como norma- si no se ha anunciado, al menos con 24 horas de antelación; la obligatoriedad de utilizar el Cajero automático para cantidades que no excedan de un determinado importe; el cobro de los talonarios de cheques y del correo que se envía al cliente; las retenciones de las transferencias; los redondeos de los decimales en su propio beneficio; la modificación unilateral de gastos y comisiones permitidas por el Banco de España, con la única obligación de publicarlas, etc. etc.  han convertido al cliente en un producto bancario mas, que manejan a su antojo.

         Pero el giro mas espectacular de las prácticas bancarias se ha producido por la imperiosa necesidad de conseguir “efectivo”, es decir dinero “contante y sonante” que les pueda cubrir las garantías exigidas por los organismos internacionales para sus macro-prestamos a bajo interés.

         Los cientos de miles de inmuebles hipotecados, supusieron durante mucho tiempo garantía suficiente ofrecida por la Banca española, para acceder a los grandes préstamos de las instituciones internacionales (Banco Mundial; Banco Central Europeo, etc), pero al derrumbarse el sistema inmobiliario, los prestamistas internacionales exigieron una garantía distinta al “ladrillo”, es decir un fondo de reserva fiable.

         A partir de entonces, la política bancaria cambio su rumbo y comenzó a ejecutar las hipotecas, incluso al primer incumplimiento de pago de una amortización. De esta forma, podría adjudicarse la vivienda y posteriormente venderla con reducción ostensible del importe adquirido por el titular o el ofrecido por la Promotora, en su caso.

         Como está sistema no era suficiente, se incentivó la colocación de las llamadas “acciones o valores preferentes”, el gran engaño de la Banca para incrementar su fondo de reserva a costa de la indisponibilidad del dinero ahorrado por muchas familias españolas.

         Me consta la experiencia del gestor de una herencia a favor de una ONG, que se adjudicó el efectivo y los valores suscritos con diversos bancos, instando su inmediata realización. Uno de dichos fondos se había suscrito en acciones preferentes por el fallecido, ciego de nacimiento al que la ONG bahía ayudado facilitándole un Perro-Guia. Ni el Banco de España, que derivó al Defensor del Consumidor, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pudieron dar solución alguna. Sólo la opción de que se presentaría una querella si no se recuperaba antes de 15 días “el botin”, dio el resultado apetecido.

         Estas malas prácticas, acompañadas por los emolumentos monumentales que se asignan los altos cargos de las instituciones bancarias; las condonaciones de préstamos a políticos y las inversiones de nuestros dineros en fondos engañosos, cuando tienen la condición de depósitos, permite aventurar que a diferencia de la Justicia, la Banca ni siquiera llega a “cachondeo”.        

La Donación de Organos

              El pasado año, tuve la oportunidad de exponer mi experiencia como Asesor de Organos de una ONG internacional, pero, siguiendo la cita latina “verba volant scripta manent” he pensado que las palabras contenidas en dicha Conferencia volaron, mientras que lo que escriba, permanecerá en las hemerotecas, de aquí mi decisión de resumir en unas líneas, la problemática de la donación de órganos mortis causa.

              No se trata, pues, de desarrollar el complejo protocolo de una donación en caso de fallecimiento, sino de hacer patente las dificultades, los puntos negros y las interpretaciones erróneas que generan las donaciones de órganos por causa de muerte.

              En España, a cuyos límites nos ceñiremos, se ha permitido que cada Autonomía legisle sobre las condiciones, requisitos, etc., lo que ha supuesto un grave riesgo para el buen fin de algunas donaciones, cuando el lugar del accidente esta en Comunidad distinta del Hospital autorizado o de la Residencia habitual del fallecido. La normativa de cada Comunidad podría contener artículos incompatibles que dificultarían los trámites requeridos para  la donación. Afortunadamente, se adoptó como denominador común de las diferentes disposiciones autonómicas, el modelo catalán.

              En este tipo de donaciones hay que ir venciendo numerosos obstáculos, exigidos por la normativa reguladora. Así, en los casos de fallecimiento por causas no naturales (accidentes, agresiones, suicidios, etc .,) es preceptiva la intervención del Juez de Guardia del Partido judicial que corresponda al lugar del accidente, así como el Informe previo del Forense, para que pueda producirse la intervención médica. Exigencia razonable que, muy posiblemente, haya abortado más de un  trasplante, por incomparecencia o llegada extemporánea de cualquiera de dichos funcionarios.

              Una grave dificultad surge por la publicidad errónea dada a la “Tarjeta de Donante”. Parece ser que el titular o tenedor de una tarjeta de donante, lleva implícita la autorización para que, en caso de fallecimiento, se pueda disponer de sus órganos. Nada más lejos de la realidad. El facultativo Coordinador de Trasplante del Hospital que pretende intervenir, ha de solicitar de la familia autorización expresa para llevar a cabo las operaciones de trasplante, sin cuyo mandato no se pueden llevar a cabo. Ni incluso mostrándose una autorización firmada por el fallecido, se puede obviar la decisión de la familia, pues la simple duda sobre la autenticidad de la firma, acarrearía un proceso judicial de identificación, que por su dilación en el tiempo, impediría la finalidad del trasplante.

             La única posibilidad de eludir el consentimiento familiar se ha producido a través de la creación del Registro de Voluntades Anticipadas, al que se accede, bien por comparecencia personal o a través de Acta Notarial. En este caso, la mera comunicación telemática a la Organización Nacional de Trasplante, de figurar registrada la voluntad del fallecido, no sólo acelera el trámite, sino que evita que todas las operaciones previas a este momento crucial se vayan al garete. Entre estas operaciones, resulta de extraordinaria importancia, la selección del donatario o receptor entre los que se encuentran en la lista de espera y que ha de cumplir, especialmente, con  el requisito de máxima compatibilidad respecto al órgano del donante que se pretende trasplantar.

        A veces, cuando el tiempo es apremiante, - entre 3 y 48 horas es el tiempo de vida según el órgano de que se trate- incluso son llamados al Hospital dos posibles receptores, evitándose que la incompatibilidad del previsto, haga fracasar la donación por no tener tiempo para citar a su sustituto.

            En la actualidad, gracias al Testamento Vital, incorporado al Registro correspondiente, es factible que cualquier persona, pueda manifestar la voluntad de donar sus órganos, demandar una muerte digna; e incluso designar a un Representante, para el supuesto de que sufra una incapacidad que deteriore o anule su voluntad.

          España viene siendo, desde hace bastantes años y con un porcentaje significativo, el País, en razón a la población, con mas donaciones de órganos por causa de fallecimiento. Evidentemente es un ejemplo de solidaridad, aunque la donación no tenga coste material alguno para la familia del donante. Pero de otra parte, cuesta entender que países como Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra,; Estados Unidos; Canadá; Australia, etc., no compartan cuantitativamente la solidaridad de la donación mortis causa de España. ¿Por qué?. 

          El motivo podría ser el alto coste que lleva consigo las operaciones de trasplantes, el gran número de profesionales que dedican su tiempo a estas operaciones y la urgencia de las mismas.                 La aplicación de dichos recursos al régimen sanitario general podría optimizar muchas prestaciones que actualmente están devaluadas por falta de dinero o de tiempo para ejecutarlas.

          Es significativo, que un País como el nuestro, donde la corrupción se ha generalizado, o mas bien descubierto, a partir del desmoronamiento de la burbuja inmobiliaria, y dónde la escasez de recursos es evidente con los “recortes” aplicados y los anunciados, esté a la cabeza mundial de una actividad, no por sublime menos costosa.

        Don Miguel de Cervantes ya nos vaticinó con el vocablo “quijote”, nuestra capacidad para fomentar el altruismo, el idealismo, lo utópico, absurdo e ilusorio,  sin desmerecer el componente de caballeroso y justiciero que en dicho término se incluye. .

Las Malas Prácticas: Los Ascensores

         Sería muy difícil cuantificar las prácticas perversas generadas por industrias, empresas y entidades de todo tipo, que afectan a la economía, cada vez mas pertrecha, de los ciudadanos.

         A veces, se trata de empresas monopolizadoras de un determinado mercado que impiden u obstaculizan, la participación en el mismo, de otras empresas de menor entidad. Me refiero al servicio de Mantenimiento de Ascensores que manejan, 4 o 5 empresas para toda la Costa del Sol.

         La primera de las perversiones consiste en vincular la instalación del ascensor con el posterior servicio de Mantenimiento, argumentando la imposibilidad de conseguir un repuesto, si el mantenimiento del ascensor lo realiza una Empresa distinta, obviando, que todas las piezas de un ascensor están normalizadas y se encuentran en el mercado, con lo que está al alcance de cualquier Compañía del ramo, aunque no esté integrada en el citado Monopolio.

         Las empresas monopolizadoras, incluyen en el contrato de mantenimiento una cláusula abusiva que obliga al cliente –normalmente una Comunidad de Propietarios o un Hotel– a permanecer vinculado a la Empresa de 3 años a 5 años, so pena de tener que pagar una indemnización, igual al importe del periodo que resta por concluir, si rescinden el Contrato. Una falacia mas.        La circunstancia de tener como cliente a una Comunidad, lleva aparejada una ausencia de control sobre la visita del “tecnico”, (cuando visita), o la justificación de su presencia mediante su firma en un libro de control, lo que no implica que haya realizado las comprobaciones técnicas de los elementos que tienden a dar seguridad al funcionamiento del ascensor. De aquí que el coste del servicio de mantenimiento se aproxime a 8 euros por ascensor,  equivalente al importe que resulte de dividir su sueldo por el número de ascensores que visita mensualmente.

         La contraprestación de carácter puntual que se concede al “pagano”, es decir a la Comunidad, consiste en cobrarle sólo el material necesario para reparar las averías que se produzcan (la mayor parte de ellas por falta de mantenimiento), y el servicio oneroso de atención en 24 horas para casos urgentes.

         Las estadísticas no engañan y si se multiplica el precio que cobran mensualmente por el servicio de mantenimiento de los ascensores, por el coste de las reparaciones que puntualmente se produzcan, el resultado es un negocio fabuloso. Así, calculando que en la Costa existan, mas de 25.000 ascensores a un precio de mantenimiento de 140€ por ascensor y mes, el grupo monopolista ingresaría 3.500.000 de Euros mensuales. Ante tal desmesura, y el intento de otras compañías para conseguir una parte del “pastel”, las monopolizadoras han bajado el precio/mes de mantenimiento a menos de 100€., a cuyo menor coste habrá, sin duda, contribuido el personal con la reducción de sus salarios.

         Otra vertiente del negocio, que deriva de lo expuesto anteriormente, se centra en el escaso personal con que cuentan las compañías monopolizadoras y su falta de preparación.

         La ausencia del Presidente de la Comunidad o del Jefe del Servicio Técnico en los Hoteles, cuando se va a realizar el supuesto mantenimiento, permite que las Compañías  asignen a sus técnicos, el doble del número de ascensores que han de revisar mensualmente (160 en vez de 80), reduciendo a los escasos minutos de su presencia, el tiempo asignado a las revisiones – aproximadamente 45 minutos por ascensor - consecuencia evidente de la falta de control sobre esta actividad.

            A esta mala práctica, hay que añadir la falta de preparación técnica del personal, sustentada por la teoría de que si el ascensor funciona es porque esta “mantenido”, ergo el mantenedor es competente. Si ocurre un accidente, siempre se podrá decir que lo ha motivado un exceso de carga, una acción imprudente del usuario, pero falta de mantenimiento NO, porque el ascensor ha venido funcionando.

          La solución para evitar estos abusos es muy complicada, pues requeriría modificar la legislación aplicable. Gratificar a los 6 millones de parados, para que suban a la grupa a los propietarios o clientes, tiene el riesgo de que habite en la séptima planta, pero también la ventaja si no se reglamenta las tareas teniendo en cuenta las diferencias de sexo, de que te toque una estupenda mujer,.

LAS MALAS PRÁCTICAS: El recibo de la luz.

Es mas que preocupante, el desmesurado incremento que ha sufrido el recibo de la luz, especialmente si consideramos que la luz eléctrica es una artículo de primera necesidad que afecta a todas las familias españolas, excepto las que habitan debajo de los puentes o en los portales de los edificio, que cada vez son mas numerosas.

La indefensión de los consumidores frente a las prácticas abusivas de las empresas monopolizadoras – creo que en España se reparten el mercado Endesa, Iberdrola y recientemente Gas Natural- llega a extremos insospechados. Sería aleccionador realizar un examen de esas prácticas, desde que se contrata el contador hasta que el usuario se convierte en victima de los abusos y prepotencia de la compañía suministradora.

La odisea se inicia, al contratar el contador, con la determinación de la Potencia del mismo. Normalmente, el usuario desconoce la relación entre potencia y consumo, ni tiene por qué saberlo. Lo correcto, lógico y ético, sería que se le instruyera mediante un impreso,  la potencia a contratar en función de los puntos de luz y electrodomésticos de la vivienda oficina o local, pero no existe tal información, excepto la comunicación verbal sobre el número de personas o m2 del inmueble, que a veces, se escoge como módulo para fijar el calibre de la potencia.

Mi experiencia personal con ENDESA, pone en evidencia el abuso de la Compañía:

1).- Al contador contratado para el trastero de una ONG con un solo punto de luz, se le fija una potencia de 4´6 kw, por el electricista instalador recomendado por la Compañía. Cuando se advierte el abuso, se solicita la disminución de la potencia contratada, por cuya operación hay que pagar aproximadamente 40 Euros. La potencia actual se ha reducido a 1´5 KW y el ahorro en 30 Euros/mes.

2).- Además la oficina de esa ONG, que sólo es utilizada 3 dias al mes en horario de 20´00 h a 23´00, esta pagando por una potencia contratada de 9´86 KW, cuando en mi propia vivienda, utilizada diariamente, la potencia es de 6´57 KW.

         Las diferencias económicas son apreciables por ser consecutivas mes a mes y el beneficio obtenido…. a la buchaca.

         Sin embargo, desde mi punto de vista, el negocio mas rentable para Endesa, que es la Compañía analizada, está en el llamado “consumo estimado”.

         El primer beneficio lo obtiene la empresa al dividir por 2 el personal necesario para llevar a cabo las lecturas, ya que para la estimación no se requiere desplazamiento alguno. Suponiendo que la Empresa controle el suministro de un millón de contadores, el consumo estimado cada mes, afectaría, aproximadamente a la mitad, “regularizándose al siguiente mes” en el que se estimaría el consumo de la otra mitad.

         El gran negocio está precisamente en la estimación “al alza” del supuesto consumo mensual. Analizando las estimaciones de un conjunto de facturas, en ninguna he encontrado una estimación “a la baja”.

         Los abonos realizados en las facturas como consecuencia de las lecturas reales en una vivienda, han supuesto desde Agosto de 2012 a Noviembre del mismo año una sobrestimación de 321´40 euros, es decir una media aproximada de 80 euros/mes, lo que implica que la Compañía, además de ahorrarse la mitad del personal, obtiene un beneficio atípico de 80 € por contador/mes, es decir 40 millones de euros como capital circulante que cobra de mas a los usuarios y se los devuelve al mes siguiente (se supone), para volver a beneficiarse por cantidad similar del otro 50% de clientes.

         Y estas actuaciones reprochables y abusivas que tienen como victimas a familias con escasos recursos económicos – a los “pudientes” no les afecta tanto como a los “faltantes”- se ven acompañadas por la impunidad total de la Compañía por estas malévolas actuaciones. ¿Quién se va a meter en abogados por cuantía tan pequeña?. Tendría que ser la Administración la que, mediante un Departamento Técnico del Ministerio de Industria, a través de sus Delegaciones, asumiera la competencia de controlar, descubrir y, en su caso, sancionar estos beneficios colaterales. Pero la impunidad citada de la Compañía Suministradora se corresponde con la indefensión en que el consumidor se encuentra frente a ella. Su denuncia puede motivar que un Técnico emita un Informe, con coste a cargo del Consumidor, sin que éste tenga garantía alguna de que su contenido sea objetivo. Los contadores funcionan todos correctamente y si alguno se corrige no trascenderá al usuario.

         Sólo faltaría que al que fallece electrocutado, Endesa le pasara la factura a la familia, por el consumo extra producido. Cosas veredes…

CAUSA CAUSORUM.

         El Latín, asignatura forzosa en el Bachiller de hace mas de medio siglo, nos ha dejado un acervo cultura de indudable riqueza. No es difícil encontrar expresiones, sentencias, frases, etc.., que nos descubren la razón de ser, de situaciones que, a veces,  hemos valorado incorrectamente.

         Así, la traducción de las frase “causa causae est causa causati” –la causa de la causa es la causa de lo causado-, aplicada a hechos de actual relevancia nos permite corregir nuestra opinión  respecto a cual fue el motivo, la verdadera causa, que originó la situación que contemplamos.

         En ocasiones puede ser una información errónea la que nos induzca a la elección de la falsa causa. Recuerdo a este respecto, la información trasmitida por el Gobierno socialista, sobre el Acuerdo para el cese de la actividad terrorista de ETA. Nunca se nos dijo que la causa real de dicho cese se generó por el asesinato de un gendarme francés cuando una patrulla pretendió detener a un comando de ETA al Sur de Francia. Hasta dicho acontecimiento, la colaboración gala fue puntual y casi siempre sujeta a contraprestación. Desde entonces, las detenciones, los descubrimientos de zulos, los controles en localidades fronterizas,  etc.. provocaron que la provisión de armas menguara, que la recaudación de fondos por extorsión desapareciera prácticamente y que la cúpula terrorista fuera descabezada en varias ocasiones.       Desgraciadamente el Tribunal Constitucional, revocando, injustamente en mi opinión, una Sentencia del Tribunal Supremo le viene permitiendo a ETA, sustituir la extorsión selectiva a empresarios vascos por la genérica de todos los españoles que contribuimos a su financiación via municipios y diputaciones de las Comunidades Vasca y Navarra, por ellos controladas.

         Pero otras veces, hay que buscar la causa oculta, a partir de otra causa aparente que nos han ofrecido torticeramente.

         Un claro ejemplo lo encontramos en la España que padecemos, y en los motivos que nos han ofrecido para explicar la caótica situación por la que pasamos. Se nos ha dicho, que la clave para explicar nuestra crisis radica en la especulación americana, vendiendo bonos basura a los bancos españoles que los adquirieron con  nuestros depósitos. Otra versión es la explosión de la burbuja inmobiliaria, a la que tampoco son ajenas nuestras entidades financieras.

         Pero la corrupción no se inicia con el “ladrillo”, a través de adjudicaciones irregulares que generaron comisiones o inmuebles gratuitos para los políticos de turno. Ni con el tráfico de influencias con que se protegen los políticos corruptos. Ni con las subvenciones rocambolescas y opacas, al menos en su ejecución. Tampoco con los planes de empleo rural, PER, que han sido y siguen siendo fuente de corrupción, por aplicación de la doctrina “te doy para que me des o te doy para que me hagas”. Ni con los famosos ERE andaluces, protegidos descaradamente por la Junta de Andalucia, y otras varias versiones de corruptelas con causas diferentes en su origen. Todas estas prácticas abusivas, ilegales e inmorales, no cabe duda que han contribuido a la denigrante situación por la que atraviesa nuestro Pais.

         Yo estoy convencido de que, la verdadera causa de nuestra situación ha sido la corrupción de nuestra clase política a todos los niveles, que ha disfrazado con testaferros sus ingresos atípicos, -por calificarlos benevolentemente-; ocultado y manipulado las informaciones que les permitiera mantenerse impunes y dictado disposiciones legales que ellos mismos han aprobado en su beneficio, en connivencia, a veces, con la Administración de Justicia, incluida la Fiscalia

         La pregunta clave es ¿Cuándo comenzó la corrupción?, desde luego, a partir de la mal llamada Democracia, o mejor dicho, a partir de la Partitocracia, porque con anterioridad, que yo sepa, la familia Franco sólo ha disfrutado, tras 35 años en su omnimodo poder, de una mansión en el Pazo de Meirás. Hoy, cualquier pelotero, sólo necesita un par de años para adquirir un Palacio en Pedralbes. Sólo faltaría que, al final, hubiera que elevar a Francisco Franco a los altares. Cosas veredes…. amigo Sancho.

LA DONACION DE ORGANOS-2

El Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso estaba “abarrotao”.

            Eran las 18´30 del 6 de Junio de 2012 y faltaba aún hora y media para que se iniciara la Conferencia anunciada sobre Donación de Órganos.

            Sólo quedaban algunas asientos desocupados en el anfiteatro del Salón.

Las 1.493 entradas que completan el aforo del Centro se habían vendido, en su mayor parte en la “reventa”.

            Ni un Madrid/Barça hubiera despertado tanta expectación.

            Los medios de comunicación se apretujaban en los pasillos con sus cámaras y preguntaban ansiosamente por el Conferenciante, para conseguir la primicia de una entrevista previa..

            El Alcalde con casi todos los Concejales y el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que se encontraba de paso, pugnaban por conseguir penetrar por la maraña de gente que se agolpaban en el jardín de entrada del Edificio, blandiendo unas entradas falsas que les había proporcionado el Departamento Municipal de Cultura y Festejos.

            Detrás de una cortina, al fondo del Salón, el Conferenciante, entre sorprendido y asustado, contemplaba al público, en los que mayoritariamente lo integraban, sacerdotes y algún que otro Obispo; personas de media edad con caras melancólicas de insatisfacción de mayoría femenina y tres de los cuatro Notarios de la localidad.

            El Conferenciante, médico frustrado de cierta edad, 74 años y 11 días, no podía explicarse la causa que había provocado tanta expectación por la Conferencia, anunciada desde un mes antes en los medios de comunicación del municipio, la provincia y en Antena 3HD. También proliferaban los carteles estampados en papeleras, cabinas telefónicas, aeropuertos e incluso en el Ave.

            La hora se acercaba y el Conferenciante repasaba los 33 folios a dos caras, en los que había resumido su disertación. Se repetía reiteradamente el programa básico; el desarrollo del mismo en los 3 niveles, las conclusiones resumidas que abarcaban los 5 últimos folios y sobre todo las frases iniciales de la exposición y las finales que culminaban la Conferencia.

            Se sobresaltó el Conferenciante, cuando escuchó a su espalda el aviso del Presentador, única persona que conocía su escondrijo, para advertirle que quedaban apenas 18 minutos exactamente, ocasión que aprovechó para rogarle mesura en la presentación. Eran grandes amigos y la profesionalidad del Presentador era bien conocida, incluso había averiguado la Iglesia en la que, en el barrio de San Vicente de Sevilla, había recibido del Padre Saturnino la 1ª comunión. La promesa de brevedad no fue cumplida y durante algo mas de 25 minutos, el público expectante y estresado llegó a perder la compostura y un sacerdote fue detenido por agredir a un disminuido físico que estaba a su lado.

            Tras varios minutos en que el murmullo fue decreciendo, el Conferenciante, tras carraspear 4 veces seguidas y llenar el vaso de agua hasta rebosar, anuncio con voz potente y clara el titulo de la Conferencia: La Donación de Órganos. En ese momento se produjo la desbandada. Casi el 80% del público y dos de los Notarios abandonaron sus asientos, frustrados, profiriendo insultos y pidiendo que le devolvieran el dinero de sus entradas, cuyo importe se había donado a Bankia para disminuir el coste de su rescate.

            La perplejidad del Conferenciante no tenía límites. ¿Por qué se había producido esa debacle? ¿Por qué?  ¿Por qué?  La explicación no la tuvo hasta las 9´20 horas de la mañana del 7 de Junio, cuando observó el cartel anunciador de la Conferencia, pegado encima de la ventanilla del Kiosco del vendedor de cupones de la Rotonda de los Caballitos, en el que en letras mayúsculas se decía: Donación de Orgasmos, Gratuita, Incondicional e Irreversible

            Los Sacerdotes y el Notario que quedaba tardaron 4 minutos en abandonar la Sala, al comprobar que la donación de Organos mortis causa no implicaba la entrega gratuita de “órganos” que pudieran amenizar los eventos religiosos en sus respectivas Iglesias.

            El Conferenciante y su Presentador se dirigieron al Bar para emborracharse pero llegaron 2 minutos después del cierre, exactamente a las 21´02 horas. Cuando abandonaron el Centro, tras recoger los papeles y beber el agua del rebosado vaso, el Obispo aún seguía dormido.

La Donación de Organos

              El pasado año, tuve la oportunidad de exponer mi experiencia como Asesor de Organos de una ONG internacional, pero, siguiendo la cita latina “verba volant scripta manent” he pensado que las palabras contenidas en dicha Conferencia volaron, mientras que lo que escriba, permanecerá en las hemerotecas, de aquí mi decisión de resumir en unas líneas, la problemática de la donación de órganos mortis causa.

              No se trata, pues, de desarrollar el complejo protocolo de una donación en caso de fallecimiento, sino de hacer patente las dificultades, los puntos negros y las interpretaciones erróneas que generan las donaciones de órganos por causa de muerte.

              En España, a cuyos límites nos ceñiremos, se ha permitido que cada Autonomía legisle sobre las condiciones, requisitos, etc., lo que ha supuesto un grave riesgo para el buen fin de algunas donaciones, cuando el lugar del accidente esta en Comunidad distinta del Hospital autorizado o de la Residencia habitual del fallecido. La normativa de cada Comunidad podría contener artículos incompatibles que dificultarían los trámites requeridos para  la donación. Afortunadamente, se adoptó como denominador común de las diferentes disposiciones autonómicas, el modelo catalán.

              En este tipo de donaciones hay que ir venciendo numerosos obstáculos, exigidos por la normativa reguladora. Así, en los casos de fallecimiento por causas no naturales (accidentes, agresiones, suicidios, etc .,) es preceptiva la intervención del Juez de Guardia del Partido judicial que corresponda al lugar del accidente, así como el Informe previo del Forense, para que pueda producirse la intervención médica. Exigencia razonable que, muy posiblemente, haya abortado más de un  trasplante, por incomparecencia o llegada extemporánea de cualquiera de dichos funcionarios.

              Una grave dificultad surge por la publicidad errónea dada a la “Tarjeta de Donante”. Parece ser que el titular o tenedor de una tarjeta de donante, lleva implícita la autorización para que, en caso de fallecimiento, se pueda disponer de sus órganos. Nada más lejos de la realidad. El facultativo Coordinador de Trasplante del Hospital que pretende intervenir, ha de solicitar de la familia autorización expresa para llevar a cabo las operaciones de trasplante, sin cuyo mandato no se pueden llevar a cabo. Ni incluso mostrándose una autorización firmada por el fallecido, se puede obviar la decisión de la familia, pues la simple duda sobre la autenticidad de la firma, acarrearía un proceso judicial de identificación, que por su dilación en el tiempo, impediría la finalidad del trasplante.

             La única posibilidad de eludir el consentimiento familiar se ha producido a través de la creación del Registro de Voluntades Anticipadas, al que se accede, bien por comparecencia personal o a través de Acta Notarial. En este caso, la mera comunicación telemática a la Organización Nacional de Trasplante, de figurar registrada la voluntad del fallecido, no sólo acelera el trámite, sino que evita que todas las operaciones previas a este momento crucial se vayan al garete. Entre estas operaciones, resulta de extraordinaria importancia, la selección del donatario o receptor entre los que se encuentran en la lista de espera y que ha de cumplir, especialmente, con  el requisito de máxima compatibilidad respecto al órgano del donante que se pretende trasplantar.

        A veces, cuando el tiempo es apremiante, - entre 3 y 48 horas es el tiempo de vida según el órgano de que se trate- incluso son llamados al Hospital dos posibles receptores, evitándose que la incompatibilidad del previsto, haga fracasar la donación por no tener tiempo para citar a su sustituto.

            En la actualidad, gracias al Testamento Vital, incorporado al Registro correspondiente, es factible que cualquier persona, pueda manifestar la voluntad de donar sus órganos, demandar una muerte digna; e incluso designar a un Representante, para el supuesto de que sufra una incapacidad que deteriore o anule su voluntad.

          España viene siendo, desde hace bastantes años y con un porcentaje significativo, el País, en razón a la población, con mas donaciones de órganos por causa de fallecimiento. Evidentemente es un ejemplo de solidaridad, aunque la donación no tenga coste material alguno para la familia del donante. Pero de otra parte, cuesta entender que países como Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra,; Estados Unidos; Canadá; Australia, etc., no compartan cuantitativamente la solidaridad de la donación mortis causa de España. ¿Por qué?. 

          El motivo podría ser el alto coste que lleva consigo las operaciones de trasplantes, el gran número de profesionales que dedican su tiempo a estas operaciones y la urgencia de las mismas.La aplicación de dichos recursos al régimen sanitario general podría optimizar muchas prestaciones que actualmente están devaluadas por falta de dinero o de tiempo para ejecutarlas.

          Es significativo, que un País como el nuestro, donde la corrupción se ha generalizado, o mas bien descubierto, a partir del desmoronamiento de la burbuja inmobiliaria, y dónde la escasez de recursos es evidente con los “recortes” aplicados y los anunciados, esté a la cabeza mundial de una actividad, no por sublime menos costosa.

        Don Miguel de Cervantes ya nos vaticinó con el vocablo “quijote”, nuestra capacidad para fomentar el altruismo, el idealismo, lo utópico, absurdo e ilusorio,  sin desmerecer el componente de caballeroso y justiciero que en dicho término se incluye. 

Clara.

Yo soy Yo

                                   

         Nada mas lejos de mi intención, que corregir la plana al Maestro de los pensadores españoles José Ortega y Gasset, pero su célebre frase: Yo soy yo y mis circunstancias…, aparecida en su obra Meditaciones del Quijote, tras examinarla a la luz de mis propias experiencias, me ha llevado al convencimiento de que esta emblemática frase hubiera sido mas correcta, si los términos se hubieran cambiado por :Yo soy mis circunstancias y yo.

         Y no se puede considerar baladí este pensamiento, pues en el transcurso de la vida, la personalidad de cada individuo, se ve modificada, restringida y hasta anulada por avatares cotidianos que no están bajo nuestro control y que además de ser imprevisibles son inevitables. Las circunstancias de la vida, por tanto, no se pueden encuadrar dentro de los llamados casos fortuitos, sino en los de fuerza mayor.

         En realidad, el Yo, la personalidad, los atributos diferenciadores de una persona respecto a otra, no pueden impedir, en la mayoría de las ocasiones, que las circunstancias de la vida, aparecidas por azar, cambie el rumbo previsto en la existencia de una persona.

         Cuantas veces, optar por una ruta no habitual para ir al trabajo, un accidente fortuito, la actitud de un profesor, el conocimiento inesperado de alguien; una mala expresión en un momento puntual, un artículo periodístico o un beso, cambia el destino de una persona y la convierte, por poner un ejemplo, en abogado en vez de médico, como era su vocación, o la lleva a la cárcel en vez de al aula.

         Las circunstancias que afectan a la vida de las personas, sean familiares o extra-familiares, tienen tanta fuerza para marcar el destino de los individuos, que sobrepasa la influencia que en el mismo tenga su propia personalidad.

         Extrapolando este pensamiento al campo de la política española, podemos encontrar situaciones que avalan lo anteriormente expuesto.

         Los políticos, sean malos, peores e incluso normales, -cuando los gérmenes nocivos de la política no han influido, por acción u omisión, sobre ellos-, tienen como objetivo fundamental la permanencia en el cargo, pues ello le permite, a veces enriquecerse, a veces consolidar su futuro, a veces ejercer su influencia sobre los demás, y en la mayoría de las ocasiones todos “los aveces juntos”.

         Pero “las circunstancias” también influyen en el ejercicio de la actividad del político, pues no de otra forma puede entenderse, que medidas tan negativas para la permanencia en el cargo, como “los recortes” en materia de; sanidad; prestaciones sociales; políticas salariales, etc.., así como los incrementos de impuestos, contribuciones y tasas en las diferentes Administraciones,  puedan llevarse a cabo si no vienen impuestas por “las circunstancias”.

         Y en esta lamentable situación nos encontramos, por los desmanes de los políticos, entre los que incluimos la facultad para asignarse sus propios emolumentos (endogamia inaceptable); privilegios inconcebibles en los casos de jubilación o de abandono de la actividad, concesión de asignaciones y subvenciones rocambolescas, con beneficios colaterales por vía de retorno, y un sinfín de prácticas abusivas cuyas consecuencias revierten negativamente en el probo ciudadano.

         Cada día, la clase política, con nuestro Presidente del Gobierno al frente, nos envía un mensaje de CONFIANZA en la solución de los graves problemas por los que atraviesa nuestro País. Pero este sublime vocablo, carece de contenido si no va acompañado de acciones que, aunque influyan mínimamente en la solución de los problemas, puedan crear en las capas sociales, la impresión de que el mensaje esperanzador es auténtico.

         La confianza que se solicita desde las altas instancias, para que las “bajas instancias” comprendan que las medidas adoptadas, y las que se establezcan con posterioridad, son consecuencias de las circunstancias y no de un “animus nocendi”, deberían venir acompañadas, para que fueran verosímiles, de medidas que afectaran a la clase dirigente, al menos en la misma proporción.

         De aquí, que la supresión del Senado, la reducción de diputados al mínimo posible (eliminando a los “si bwana”, es decir a casi todos), eliminación de las Diputaciones, la disminución del número de Municipios mediante la creación de Comunidades; supresión de Consejeros; Concejales; Asesores; Chóferes y sus herramientas de trabajo; prestaciones y privilegios; comisiones, complementos y las múltiples variedades de sinecuras, serían medidas que constituirían pruebas evidentes, de que “la Confianza”, afecta a los “confiantes” además de a los “confiados”, entre los que se encuentran mis circunstancias y Yo.